El "Cártel de la DGETI" en Durango: auditoría federal o complicidad absoluta

Lo que comenzó como una serie de quejas aisladas en diversos planteles ha evolucionado hasta confirmar un problema sistémico que exige la intervención inmediata de las instancias federales. La acumulación de irregularidades bajo la gestión de Indra Medrano y la influencia de Alejandro Samuel Colin ya no puede resolverse en lo local; es imperativo que el Órgano Interno de Control (OIC) ordene una auditoría extraordinaria para garantizar que la formación de los jóvenes no siga en manos de la improvisación y el amiguismo.

El OIC: la única vía ante el secuestro de la educación

La estructura estatal de la DGETI depende jerárquicamente del nivel central, por lo que una auditoría es el paso natural para desmantelar esta red que prioriza la lealtad política sobre el mérito académico. Existen fundamentos para que la Secretaría de la Función Pública investigue faltas graves como el uso indebido de atribuciones. Los expedientes bajo sospecha que deben ser abiertos incluyen:

• Jonathan Morales Corral: Señalado por gestionar plazas administrativas sin seguir procesos de convocatoria ni contar con la validación del SNTE.

• Movimientos atípicos: La autorización de movimientos en la quincena 1/2026, una fecha restringida para el resto de la base trabajadora, sugiere un favoritismo que daña la equidad y la moral del sistema educativo.

FGR y Auditoría Superior: tras el rastro del fraude académico

Cuando se asignan cargos a perfiles que no cumplen con los requisitos, se condena a las y los estudiantes a una dirección deficiente y sin rumbo. Si se confirma el pago de salarios derivados de nombramientos ilegales, la Auditoría Superior de la Federación debe atraer el caso. Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) debe intervenir por la posible falsificación de documentos oficiales. Dos casos son la prueba de fuego para esta revisión:

• Caso Miguel Reyes Ramírez (CBTIS 110): Participó en promociones pese a estar en año sabático y bajo el señalamiento de usar un grado de doctorado que no existe en los registros oficiales.

• Caso Rubén Romero Rodríguez (CBTIS 130): Designado director sin cumplir el requisito de continuidad frente a grupo, tras abandonar su labor docente antes de tiempo.

El daño colateral: el futuro de los estudiantes

Este esquema de corrupción no es un asunto menor; afecta directamente la calidad de la enseñanza y la integridad del sistema. Cuando personajes como Mucio Gabriel Moreno Irigoyen y Carolina Guadalupe Juárez Jáuregui operan para colocar perfiles "a modo", se desplaza a los docentes más preparados, como ocurrió con Alma en el CBTIS 89 o el otorgamiento de plazas a quienes reprobaron, como Cinthya Santos. El resultado es una institución debilitada donde las reglas se ignoran y la excelencia se castiga

La Dirección Nacional de la DGETI no puede seguir siendo espectadora de este saqueo. Guardar silencio ante esta red de complicidades equivale a validarla. Es momento de que el OIC actúe y limpie de raíz la oficina estatal de Durango antes de que el daño a las y los estudiantes sea irreversible.