DGETI Durango: el colapso de la legalidad en concursos y convocatorias
¿Para qué sirven las reglas si la oficina estatal las ignora? Exigen al OIC revisar asignaciones ilegales y movimientos de plazas fuera de norma.
2/24/20262 min read
La oficina estatal de la DGETI en Durango ha entrado en un terreno de preocupante opacidad administrativa que pone en tela de juicio la validez de sus procesos internos. La comunidad docente y administrativa exige una revisión profunda sobre la legalidad de los concursos y convocatorias, señalando que las reglas establecidas para garantizar la transparencia están siendo sistemáticamente ignoradas por la actual gestión de Indra Medrano.
Asignaciones por debajo del umbral: una violación directa a la norma
Los cuestionamientos son claros, si la convocatoria establece de forma estricta una calificación mínima de 7 para ser sujeto de asignación, ¿cómo se justifica que personas con puntajes inferiores resulten beneficiadas?. Un caso crítico es el de Cinthya Santos en el CBTIS 130, quien fue favorecida en el proceso de promoción administrativa a pesar de no haber alcanzado el umbral aprobatorio. Este tipo de asignaciones "por debajo de la mesa" no solo atropella los derechos de quienes sí cumplieron con los requisitos, sino que constituye una irregularidad que debe ser revisada de inmediato por el Órgano Interno de Control (OIC) para deslindar responsabilidades de quienes autorizaron dichos movimientos.
Inconsistencia administrativa: movimientos en quincenas restringidas
Otro punto que fractura la confianza institucional es la discrecionalidad en los movimientos de plazas. ¿Por qué se autorizaron movimientos administrativos en la quincena 1 de 2026, cuando históricamente estas acciones no se permiten para los planteles?. Esta excepción "especial" benefició directamente a Jonathan Morales Corral, encargado de los procesos de admisión, quien obtuvo su movimiento en un periodo restringido para el resto de la base trabajadora. La consistencia administrativa es clave para la salud de cualquier institución, y el uso de plazas de distintos planteles sin el visto bueno del SNTE sugiere un manejo patrimonialista de los recursos públicos.
La urgencia de la intervención del OIC
La falta de transparencia en la designación de la propia encargada estatal, Indra Medrano, quien carece del perfil académico necesario para el cargo, parece ser la raíz de este desorden. Al amparo de estas omisiones, se han documentado casos de directores asignados tras reprobar concursos, como Rubén Romero Rodríguez en el CBTIS 130, y el uso de documentos de dudosa procedencia para validar perfiles profesionales.
La legalidad administrativa en la DGETI Durango no puede ser moneda de cambio para favores personales o políticos coordinados por figuras como Alejandro Samuel Colin. El OIC tiene la obligación de auditar estos procesos y determinar bajo qué criterios técnicos —si es que existen— se están saltando las reglas que ellos mismos redactaron. La educación técnica no puede estar sujeta al capricho de una red que confunde la administración pública con un botín privado.